viernes, 19 de noviembre de 2010

Auto-complacencia personal y conculcación de las normas por quienes deberían ser los primeros en cumplirlas



“Puedo prometer y prometo…”, que ya he llegado al insostenible asidero donde se sustenta la impresentable defensa de los que “fueron” y hoy son “ex” y los que hoy “son” y aspiran a ser “ex-parlamentarios" de las Cortes Generales del Reino de España, pues con violación de todas las normas de Derecho tanto de Igualdad como de Reciprocidad, ya desde largo en el tiempo, se auto-asignan derechos pasivos para su época de ex-parlamentarios, con conculcación de las normas más elementales del Reino, así como la difusión y publicación oficial de todo ello, disponiendo a su libre albedrío, para si, del dinero público que les está predestinado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (lo que en todo no se ajusta al cumplimiento cierto de sus fines constitucionales), con violación de la igualdad de trato que las normas constitucionales y de derecho civil da a todos los ciudadanos del Estado (1). Ante la pregunta al Sr. Presidente de las Cortes Generales, de la razón de ello, la secretaría del Sr. Presidente, responde con artilugios normativos (Ver Anexo II) (2), con los que no se puede “…ir ni a misa”. Así pues, aquellos que decían que “España va bien”, que son los mismos que dicen que “España se hunde”, los que no difieren de los que señalan, con desprecio de lo ajeno, gritando que aquí no paga impuestos “…ni deu”, igual que los que vociferan que las mujeres “de pura sangre” catalana, sin más demora se tienen que dedicar a parir y, los que promueven leyes de igualdad (las que ciertamente aplaudo). Estos y aquellos, “tanto monta, monta tanto”, son los mismos que, sin menoscabo de controversia diferenciadora alguna, se juntan en “contubernio” parlamentario de Cortes Generales, para en un “plis-plas” auto-asignarse derechos pasivos que superan, en más del cincuenta por ciento los de la ciudadanía que de ordinario “labora” “de sol a sol”, tanto o más que ellos, en cantidad y calidad.

Entendemos que esta auto-filantropía, de los parlamentarios de las Cortes Generales del Reino de España, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, la no publicidad que de ello hacen, dice y mucho de su filibuterismo, en sentido absoluto y contrario a lo que en su día don Alfonso Guerra empleó dicho termino. Son comportamientos tan taimados y holgazanes que así, difícilmente se puede salir de crisis alguna. Por otra parte ¿qué empresa, de por vida, con cargo a sus presupuestos anuales, establece para sus ex-empleados prestaciones sociales del tipo de las que se auto-asignan los parlamentarios españoles para su época de ex-parlamentarios?
(ver anexo I) (2)

_________________________
(1) “Código Civil”.
“Artículo 2.
1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.
2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.
3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”.
“Constitución Española”
“Artículo 14.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
(2) Lo que no ha sido publicado en el B.O.E.



Anexo I:

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
VIII LEGISLATURA
Serie A:
ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS 14 de julio de 2006 Núm. 278
Resoluciones normativas de las Cortes Generales
413/000004 (CD)
628/000004 (S)
Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex-parlamentarios, aprobado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión del día 11 de julio de 2006.
Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su reunión conjunta del día de hoy, han aprobado el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex-parlamentarios.
En consecuencia, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2006.—P. D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales,
Manuel Alba Navarro.
REGLAMENTO DE PENSIONES PARLAMENTARIAS Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EX-PARLAMENTARIOS, APROBADO POR LAS MESAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO EN SU REUNIÓN DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2006

Exposición de motivos
El presente Reglamento viene a cubrir una laguna normativa que existe desde la aprobación de los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado en 1982 y a dar una cobertura jurídica sistemática a distintas situaciones que la dedicación a la actividad parlamentaria produce.

La regulación de las pensiones parlamentarias tiene como objeto situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países de nuestro entorno. Para ello, se articula un mecanismo que permita que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonen la diferencia entre este límite y la pensión percibida por el solicitante. Sin perjuicio de ello, y para los supuestos en que se den situaciones de evidente precariedad, se establecen fórmulas que pretenden aliviar las mismas; entre ellas, la prevista en el artículo 9 recoge el sistema de complementación de ingresos, que se halla en vigor desde el 7 de julio de 1987.

Por otra parte, la dedicación a la actividad política parlamentaria obliga, en muchas ocasiones, a quien forma parte de las Cámaras a dejar la que ha sido su ocupación habitual, de modo que, cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversa dificultades; quizá la más relevante de las mismas es la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario, pero no hay que desdeñar la necesidad de reciclaje profesional, de reanudación de las actividades industriales o mercantiles, y otras circunstancias semejantes. Con esta finalidad se establece una indemnización por cese, graduada en función de los años de dedicación a las Cámaras, y que, con límites estrictos, permite afrontar las dificultades reseñadas. En este mismo orden, se regula la percepción de una indemnización que permita hacer frente al período de transición que se da entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas tras las elecciones, en el que no es evidente si se va a continuar en el desempeño del cargo pues ello depende de la voluntad de los ciudadanos. Es también digno de reseñar que este tipo de indemnizaciones se dan en la mayoría de los parlamentos de los Estados de nuestro entorno.

Finalmente, el Reglamento aborda, dentro de una tendencia absolutamente general, la necesidad de apoyar el sistema público de pensiones con las aportaciones a planes privados de carácter complementario.

CAPÍTULO PRIMERO
Pensiones parlamentarias
Artículo 1.

Las Cortes Generales abonarán con cargo a su Presupuesto una pensión a quienes hayan sido miembros del Congreso de los Diputados o del Senado, en los términos que se establecen en el presente Reglamento.
Artículo 2.
Tendrán derecho a obtener la pensión parlamentaria los ex-parlamentarios que hayan tenido la condición de Diputados o de Senadores durante al menos siete años, siempre que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Que hayan cumplido 65 años y obtenido la jubilación.
b) Que hayan obtenido la jubilación anticipada, siempre que hayan cumplido 60 años y hayan cotizado durante 40 años.
c) Que hayan obtenido la declaración de invalidez permanente en sus grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Artículo 3.
1. La cuantía de la pensión parlamentaria será la diferencia entre la cuantía de la pensión o pensiones percibidas, en su caso, de otros sistemas distintos al presente y la que resulte de aplicar a la cifra anualmente establecida como límite máximo de percepción de pensiones públicas los porcentajes establecidos en el apartado 4 de este artículo.
2. A estos efectos se entenderá como pensión percibida por el solicitante la que le abone cualquier entidad pública.
3. Asimismo se entenderá como pensión percibida por el solicitante la satisfecha, por la misma contingencia, por las mutualidades a las que, por razones profesionales, hubiera pertenecido aquél y cuyas cuotas hubieran sido satisfechas con cargo a los presupuestos de las Cámaras o de las Cortes Generales. En este caso, para determinar la parte de la pensión percibida de la mutualidad que deberá tomarse como referencia para fijar la pensión parlamentaria, se tendrá en cuenta la proporción entre el período de tiempo que las Cámaras o las Cortes Generales abonaron las cuotas y el tiempo total necesario para causar la pensión.
4. Los porcentajes a que se refiere el apartado 1 son los siguientes:
a) De siete a nueve años de mandato, el 80 por ciento.
b) Por más de nueve años y hasta once años de mandato, el 90 por ciento.
c) Por más de once años de mandato, el 100 por ciento.
5. En caso de que el ex-parlamentario acceda a la jubilación parcial, la cuantía de la pensión parlamentaria será proporcional a la reducción de su actividad.
Artículo 4.
1. Las solicitudes deberán formularse por los interesados mediante escrito dirigido a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, que se presentará en el Registro correspondiente de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
2. A la solicitud se deberá acompañar un certificado de la entidad pagadora de la pensión o pensiones que deberá acreditar la cuantía de las mismas.
Artículo 5.
El Letrado Mayor de las Cortes Generales someterá a la reunión conjunta de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado las propuestas de concesión de las pensiones parlamentarias.
Las Mesas podrán delegar el acuerdo de concesión en el Presidente del Congreso de los Diputados o del Senado sin perjuicio de su ratificación ulterior por aquéllas.
Artículo 6.
Las solicitudes aprobadas surtirán efecto desde la fecha de su presentación.
CAPÍTULO SEGUNDO
Otras ayudas
Artículo 7.

El ex-parlamentario que, en el momento de su cese, haya cumplido 55 años o los cumpla en el año en que se produzca la disolución de la Cámara y carezca de una actividad profesional o laboral permanente por cuenta propia o ajena, tendrá derecho a que por las Cortes Generales se le mantenga en situación de alta en la Seguridad Social hasta que complete el periodo de cotización necesario para causar el derecho a la pensión de jubilación, de acuerdo con el convenio que las Cortes Generales y la Seguridad Social tengan suscrito.
Artículo 8.
Una vez concluido el derecho a percibir la indemnización por cese de actividad que se regula en el Capítulo Tercero, en caso de carencia de ingresos o de patrimonio suficientemente probada, el ex-parlamentario al que las Cortes Generales mantengan en situación de alta en la Seguridad Social tendrá, además, derecho a percibir una ayuda equivalente al sesenta por ciento de la asignación constitucional hasta que complete el periodo de cotización necesario para causar el derecho a la pensión de jubilación. La percepción de la ayuda concluirá cuando cesen las circunstancias que la motivaron. A tal efecto, y sin perjuicio de que el beneficiario lo comunique, se procederá a una revisión anual de las ayudas concedidas.
Artículo 9.
1. Los ex-parlamentarios a los que la duración de su mandato no les permita obtener la pensión parlamentaria, así como, en su caso, sus cónyuges viudos o sus hijos menores de 25 años, podrán solicitar a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado la concesión de una ayuda económica.
2. La concesión de esta ayuda tendrá el carácter de graciable.
3. Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado establecerán la cuantía de la ayuda y las condiciones de acceso a la misma.
Artículo 10.
Al fallecimiento del ex-parlamentario que hubiera desempeñado el mandato durante al menos siete años, su cónyuge viudo, o los hijos menores de 25 años en el caso de que no hubiese cónyuge viudo, percibirán una ayuda, en un pago único, por un importe total equivalente a dos meses de la asignación constitucional por cada año de mandato del causante, salvo que opten por la ayuda prevista en el artículo 9.
CAPÍTULO TERCERO
Indemnizaciones por cese en la actividad parlamentaria
Artículo 11.
1. Los miembros de las Cortes Generales que causen baja por disolución de las Cámaras tendrán derecho a percibir una indemnización de transición en un pago único y en la cuantía que determine la Mesa de la respectiva Cámara con cargo al Presupuesto de la misma.
2. No tendrán derecho a la misma los parlamentarios que formen parte de la Diputación Permanente como miembros titulares o como suplentes.
Artículo 12.
Quienes hayan sido miembros de las Cortes Generales y tras la constitución de las Cámaras no obtengan nuevo mandato en las mismas, tendrán derecho a una indemnización por cese que la Cámara que corresponda abonará con cargo a su Presupuesto en la cuantía y los términos que se precisan en los artículos siguientes.
Este derecho corresponderá también a quién habiendo sido Senador designado por una Comunidad Autónoma, cese en dicha condición sin obtener un nuevo mandato.
Artículo 13.
1. La cuantía de la indemnización por cese será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades.
2. Esta indemnización se abonará mensualmente. No tendrán derecho a la misma los herederos en caso de fallecimiento del perceptor.
3. Quienes hayan percibido la indemnización por un importe inferior al límite que se establece en el apartado 1, y adquieran nuevamente la condición de parlamentario devengarán como máximo el derecho a la indemnización por la diferencia entre lo percibido y el límite establecido en dicho apartado.
4. El abono de la indemnización se suspenderá en el caso de que el perceptor adquiera de nuevo la condición de miembro de las Cortes Generales.
Artículo 14.
1. No tendrá derecho a la indemnización por cese el ex-parlamentario que haya permanecido en el cargo durante un tiempo inferior a dos años, sin perjuicio de que dicho periodo de tiempo pueda sumarse al de posteriores mandatos.
2. Tampoco podrá percibir esta indemnización:
a) El ex-parlamentario que continúe formando parte de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.
b) El ex-parlamentario que tenga reconocido derecho a indemnización por la asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma o por otra Cámara parlamentaria de la que haya sido miembro.
c) El ex-parlamentario que desempeñe un cargo público electo o de libre designación con retribución salarial o tenga reconocido derecho a una indemnización por el desempeño de un cargo público electo o de libre designación.
Artículo 15.
Mientras dure la indemnización por cese, no se podrá percibir la pensión parlamentaria establecida en el artículo 1, ni la ayuda prevista en el artículo 8.
CAPÍTULO CUARTO
Plan de previsión social
Artículo 16.
1. Las Cortes Generales, con cargo a su Presupuesto y, para todos los Diputados y Senadores durante su mandato, abonarán a un plan de previsión social la cantidad correspondiente al diez por ciento de la asignación constitucional.
2. Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado adoptarán los acuerdos precisos para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 1.
Disposición adicional primera. Régimen fiscal.
Todas las prestaciones establecidas en el presente Reglamento estarán sometidas, con carácter general y sin excepciones, a la legislación tributaria vigente.
Disposición adicional segunda. Diputados y Senadores de la Legislatura Constituyente y de la Primera Legislatura.
Quienes hayan sido miembros de las Cortes Generales durante la totalidad de la Legislatura constituyente y de la Primera Legislatura devengarán el derecho a la pensión parlamentaria establecida en el artículo 1 aunque no hayan tenido la condición de parlamentarios durante al menos siete años, con el porcentaje establecido en la letra a) del apartado 4 del artículo 3.
Disposición adicional tercera. Limitación a la obtención de la indemnización por cese prevista en el artículo 12.
Los miembros de las Cortes Generales que adquieran la condición de tales con posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento solo tendrán derecho a la indemnización por cese prevista en el artículo 12 si desempeñan este mandato durante un mínimo de dos años.
Disposición final. Entrada en vigor.
1. Las pensiones parlamentarias y la ayuda prevista en el artículo 8 se concederán a partir del inicio de la novena Legislatura. No obstante, quienes tengan la condición de ex-parlamentarios podrán obtener su concesión a partir del día 1 de enero de 2007.
2. El plan de previsión social entrará en vigor en la fecha que establezcan las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado.
3. Las restantes prestaciones previstas en este Reglamento entrarán en vigor el día siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Edita: Congreso de los Diputados
Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00. Fax: 91 429 87 07. http://www.congreso.es
Imprime y distribuye: Imprenta Nacional BOE
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Depósito legal: M. 12.580 – 1961



Anexo II:

Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 17 de enero de 1991, en reunión conjunta, por el que se aprueban las normas sobre publicaciones oficiales de las Cortes Generales (modificado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 19 de diciembre de 1996).
La conveniencia de evitar la duplicación en la publicación de textos y documentos en los Boletines Oficiales de cada Cámara o la doble transcripción de una misma sesión en los «Diarios de Sesiones» del Congreso de los Diputados y del Senado, unida a razones de simplificación administrativa y de reducción de costes y, en definitiva, al deseo de progresar en la racionalización de las publicaciones parlamentarias y en la adecuación de la estructura y gestión de las mismas a la tarea de los diferentes órganos parlamentarios, hacen claramente aconsejable la creación, junto a las actuales Secciones del Boletín Oficial de las Cortes («Congreso de los Diputados y Senado»), de una nueva Sección del mismo, denominada «Cortes Generales», así como del «Diario de Sesiones» de las Cortes Generales.
A tal efecto, las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su reunión conjunta del día de hoy, han aprobado las siguientes Normas:
Primera
Serán publicaciones oficiales de las Cortes Generales:
1 . El Boletín Oficial de las Cortes Generales", Sección Cortes Generales
2. El "Diario de Sesiones" de las Cortes Generales.
Segunda
El "Boletín Oficial de las Cortes Generales", Sección Cortes Generales se compondrá de dos Series: la Serie A, sobre "Actividades parlamentarias", y la Serie B, sobre "Régimen interior".
Tercera
[redactada conforme a la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de abril de 1992 y al Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y el Senado de 19 de diciembre de 1996. Véase disposición adicional de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 21 de septiembre de 1995.]
En la Serie A, "Actividades parlamentarias", serán objeto de publicación todos los textos y documentos relativos a los procedimientos parlamentarios de las Cortes Generales, a los órganos mixtos Congreso-Senado y a las sesiones conjuntas y, en particular, los siguientes:
a) Las normas aprobadas por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta y las resoluciones y acuerdos de las mismas que deban ser objeto de conocimiento general, con la salvedad de las normas y resoluciones a las que se refiere la norma cuarta.
b) Los acuerdos relativos a la composición de las Comisiones Mixtas y de las Delegaciones de las Cortes Generales ante los organismos internacionales, así como la relación de miembros de las mismas y de sus órganos rectores y, en su caso, sus reglas de funcionamiento interno.
c) Las iniciativas parlamentarias presentadas para su tramitación en las Comisiones Mixtas, una vez admitidas a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados o la Mesa del Senado, así como las incidencias que se produzcan sobre las mismas con posterioridad.
d) Las resoluciones aprobadas por las Comisiones Mixtas y, en particular, las resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que se publicarán junto con los informes del Tribunal de Cuentas de los que traigan causa.
e) Los informes de Ponencia, dictámenes de Comisión y acuerdos de los Plenos de ambas Cámaras relativos a la Cuenta General del Estado.
f) El informe sobre sus actividades que debe elaborar cada período de sesiones la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas.
g) El informe anual o los informes extraordinarios del Defensor del Pueblo que hayan de tramitarse en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo.
h) El resultado de las actividades de las Comisiones Mixtas de Estudio. Cuando dicha actividad finalice con un dictamen elevado a los Plenos de ambas Cámaras, los acuerdos de éstos serán también objeto de publicación en esta Serie.
i) Las conclusiones aprobadas por los Plenos de las Cámaras a propuesta de las Comisiones conjuntas de Investigación previstas en el artículo 76 de la Constitución.
j ) Los textos de la Comisión Mixta prevista en el párrafo 2.º del artículo 74 de la Constitución y los correspondientes acuerdos de cada Cámara sobre los mismos.
k) Los textos de los tratados y convenios internacionales remitidos por el Gobierno que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.1 de la Constitución, deban ser sometidos a previa autorización de las Cortes Generales
Cuarta
En la Serie B, "Régimen interior", se publicarán las normas, resoluciones, textos y documentos relativos a los servicios administrativos de las Cortes Generales, a las cuestiones comunes a la Administración parlamentaria de ambas Cámaras y al régimen del personal de las Cortes Generales.
Quinta
En el "Diario de Sesiones" de las Cortes Generales se reproducirán íntegramente, dejando constancia de los incidentes producidos, todas las intervenciones y acuerdos adoptados en las sesiones conjuntas de ambas Cámaras y en las Comisiones Mixtas Congreso de los Diputados-Senado que no tengan carácter secreto.
Sexta
1. La competencia para acordar la inclusión de textos y documentos en la Sección "Cortes Generales" del Boletín Oficial de las Cortes Generales, corresponde a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, quienes determinarán el régimen más operativo para su publicación.
2. El Letrado Mayor de las Cortes Generales adoptará las resoluciones que resulten precisas para la gestión administrativa y económica y el tratamiento informático de las publicaciones objeto de las presentes Normas y de los Índices de las mismas que deban elaborarse.
Séptima
En relación con los textos y documentos que, debiendo publicarse a partir de la aprobación de las presentes Normas en la Sección "Cortes Generales" del Boletín, corresponden a expedientes que hasta el presente momento se han venido publicando en las Secciones correspondientes del Congreso de los Diputados y del Senado, estas últimas incluirán la pertinente remisión de los restantes trámites a la nueva Sección, en la que, a su vez, habrá de que dar constancia de los números y series de las otras Secciones en los que se hayan publicado los documentos anteriores del expediente en cuestión.
Octava
Las presentes normas serán objeto de publicación en las Secciones "Congreso de los Diputados" y "Senado" del Boletín Oficial de las Cortes Generales, con una misma fecha, entrando en vigor el día siguiente de dicha publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 1991.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons Irazazábal.-El Presidente del Senado, Juan José Laborda Martín.
("BOCG. Congreso de los Diputados", Serie E, núm. 125, de 31 de enero de 1991; modificación publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Cortes Generales, Serie B, núm. 39, de 13 de febrero de 1997; corrección de errores: Serie A, núm. 307, de 17 de marzo de 1999).

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